El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó hoy en la Legislatura un acto de entrega de subsidios a representantes de 33 organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a acciones sociales en la provincia. Tras la ceremonia protocolar, el presidente de la Cámara se refirió a las nuevas restricciones adoptadas a nivel nacional por la segunda ola de coronavirus y a la crisis por la inseguridad en Tucumán.
Acompañado por el titular subrogante del cuerpo colegiado, Regino Amado, y por otros legisladores, Jaldo concretó la entrega de aportes económicos -no se indicaron los montos- a instituciones intermedias de la provincia.
“Canalizando y ayudando a estas organizaciones, ayudamos a muchos tucumanos y tucumanas que hoy necesitan una mano solidaria y generosa”, fundamentó el vicegobernador.
Ante una consulta de la prensa, Jaldo se refirió además la decisión del presidente, Alberto Fernández, de suspender el dictado de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En ese sentido, el vicegobernador aclaró que el DNU rubricado por el jefe de Estado tuvo "un criterio federal", y que "facultó a cada gobernador y a cada intendente a adherir total o parcialmente a las disposiciones". "Cada provincia y cada municipio debe tomar decisiones en función del estado sanitario de los respectivos distritos”, indicó. Por ello, consideró que el Presidente "ha tomado la decisión correcta a nivel nacional". "Vamos a priorizar la salud y la vida de los argentinos, incluidos los tucumanos", acotó.
Luego, Jaldo fue consultado con relación a los hechos delictivos recientes registrados en la provincia, como el caso del adolescente de 14 años baleado que agoniza tras ser baleado por delincuentes.
“Lo vengo sosteniendo: el tema de la inseguridad es muy preocupante en Tucumán, y no de ahora, hace ya un tiempo. Es un problema de los tres poderes del Estado", indicó el vicegobernador.
En cuanto al Poder Ejecutivo, el referente peronista de Trancas advirtió que "es quien lleva adelante la política de seguridad" a nivel provincial.
Luego, destacó que el Poder Legislativo aportó "varias normativas que apuntan a la prevención", así como también la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), que permite el desarrollo de procesos judiciales con mayor celeridad y el dictado de sentencias en las causas por delitos.
Por último, remarcó que el Poder Judicial "es quien aplica las sanciones" mediante las condenas.
"El que comete un delito debe quedar encarcelado hasta que se dicten (las sentencias). De nada sirve que a un delincuente lo atrape la Policía y al otro día esté nuevamente en la calle. Eso es lo que está preocupando: la mayoría de los que cometen delitos en la provincia son reincidentes”, añadió Jaldo.
Por eso, consideró fundamental que los tres poderes del Estado provincial avancen "de manera coordinada" con la "decisión e institucional de eliminar definitivamente la delincuencia en Tucumán”.
LOS DESTINATARIOS. La Legislatura dio a conocer la nómina de las instituciones que se vieron beneficiadas por el aporte económico. Estas son: Hogar San Agustín, Comedor Infantil Don Bosco, Cotolengo Don Orione, Fundación El León, Fundación Virgen de la Merced, FANN, Federación Regional de Ayuda Social al Insuficiente Mental, Fundación San Jorge, Down is up, Fundación Gavina, Manos Abiertas, Fundación Nuevas Raíces, Fundación FIDE NOA, Fundación Albergues Infantiles, Fundación Ayuda al Niño con Autismo, Caritas, Sociedad de Beneficencia, Hogar San José, Fundación Servicio Solidario, Asociación Tucumana de Ayuda a la Familia, Hogares de Cristo parroquia Catedral Concepción, Granja Santa Mónica, Fundación Alas Solidarias, Fundación PRODIJ, Fundación La Rosa, Fundación Mujeres Luchadoras del Hogar, Fundación Más Vida, Fundación Villa Quinteros, Club Social y Deportivo San Ramón, Parroquia Nuestra Señora del Carmen y Fundación Soy Griselda.